Femicidio de Úrsula: ONG Usina de Justicia pide juicio político a Luciano Callegari

POR NO HABER EFECTUADO LA DETENCIÓN DEL FEMICIDA

Acusan al Juez de Paz de Rojas, de “incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de su funciones”.

(Clarín).- La ONG Usina de Justicia solicitó un juicio político al Juez de Paz de la ciudad de Rojas, Luciano Callegari, a quien acusan de firmar «la sentencia de muerte de Úrsula Bahillo» por no haber efectuado la detención del femicida Matías Martínez ante las denuncias de la víctima y de sus allegados por violencia de género y por violación de la restricción perimetral.

En su reclamo formal presentado a la Justicia, la ONG solicitó: «En defensa de los Derechos Humanos de las Personas Víctimas de Delitos, venimos a solicitar el inicio formal del proceso de juicio político por mal desempeño contra el Dr. Luciano J. Callegari, Juez de Paz de la Provincia de Buenos Aires, por Incompetencia o Negligencia demostrada en el ejercicio de su funciones y por el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo».

«Si queremos una Argentina mejor debemos tener funcionarios que no sean cómplices de la impunidad», comienza diciendo el petitorio de la ONG.

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Y suma: «Los invitamos a que nos apoyen difundiendo este pedido que es un BASTA ROTUNDO. Basta de matar a nuestros seres queridos por su negligencia y apatía. Su mediocridad y desinterés por las víctimas y el pueblo argentino todo, merece nuestro máximo repudio».

Callegari fue señalado por la familia de Úrsula no sólo por no haber detenido a Martínez tras las denuncias de la víctima, sino también por no haber entregado el botón antipánico que debían asignarle a la joven tras la reiterada violación de la restricción perimetral del oficial de la policía bonaerense.

«El asesinato de Ursula Bahillo no fue un hecho inesperado. Para nada. Ursula temía ser asesinada por su ex pareja. De hecho, el día 9 de enero (justo un mes antes de su asesinato), su madre, la sra. Patricia Elizabeth Nasutti, hizo la primera denuncia contra Matías E. Martinez, relatando en su denuncia policial que el imputado le pegaba a su hija. Según surge de información pública en los medios, el denunciado juez de Paz Luciano Callegari dispuso fijar un perímetro de exclusión por 30 días y el cese de hostigamiento por ‘seis meses'», reza el pedido de juicio político y repasa cada una de las denuncias presentadas por la víctima e ignoradas por la justicia.

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Y recuerdan: «Callegari aseguró en los medios que había dispuesto que se derive el caso a la ‘Ayudantía Fiscal’, ‘Ante la posible existencia del delito de desobediencia por parte de Martínez, ‘Que se comunique sobre la situación de violencia al área de Mujer, Género y Diversidad de la municipalidad’ y que se realice una ‘pericia psicológica’ en la persona de la víctima. O sea, una pericia psicológica de Úrsula».

Para la ONG, el juez «demoró un mes para disponer medidas que no restringían la escalada de violencia que puso en grave peligro a la víctima».

Marcan además los dichos en los medios del juez que aseguró que «no podía disponer ninguna detención” y reclaman que «si él no podía disponer ninguna detención, debió haber obrado sin pérdida de tiempo alertando a los jueces que sí estaban facultados para disponer la detención del agresor».

«Su desidia e indiferencia no fue inocua. Tuvo consecuencias fatales», dictaminaron.

Apuntan no sólo a la acción del magistrado sino también a su inacción frente al caso: «Al haber actuado tan displicentemente, tan indolentemente frente al sufrimiento ajeno, no cometió una simple ‘falta administrativa’. El juez Callegari fue la causa directa por la cual el Estado no impidió la muerte de la víctima».

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